LEY YOLANDA

Mediante la Resolución CE Nº 2008/26, el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aprobó el Protocolo de Implementación de la Capacitación Integral en Ambiente para las Universidades Argentinas. La medida marca el inicio de una nueva etapa operativa: a partir del segundo semestre de 2026, las instituciones universitarias de todo el país podrán disponer del paquete pedagógico común para dictar la formación en sus propios campus virtuales.

El protocolo, elaborado conjuntamente por la Red UAGAIS y MetaRed S Argentina, establece los criterios técnicos, académicos y procedimentales para que cada universidad gestione sus cohortes, garantizando estándares compartidos de calidad, seguimiento y certificación.

¿Cómo se implementará en cada institución?

El esquema fue diseñado para combinar un estándar común a nivel federal con la necesaria contextualización a las realidades territoriales de cada casa de estudios:

• Transferencia tecnológica: Las universidades interesadas podrán solicitar formalmente al CIN el paquete pedagógico en formato de restauración compatible con Moodle (.mbz), listo para montar en sus entornos de aprendizaje.

• Gestión institucional y tutorías: Cada universidad asume la apertura de aulas, la designación y coordinación del cuerpo de tutores, el acompañamiento pedagógico y la emisión de las certificaciones correspondientes.

• Contextualización local: Si bien los contenidos nodales son comunes, el protocolo contempla módulos o instancias introductorias y de cierre específicas para que cada universidad visibilice sus propias políticas ambientales, normativas internas y características territoriales.

• Registro y articulación federal: A través del CIN y la Red UAGAIS, se consolidará un registro sistemático de las cohortes activas y las personas capacitadas, con miras a medir el impacto real y el alcance de la ley en el sistema universitario.

¿Qué es la Ley Yolanda?

En diciembre de 2020 se sancionó la Ley Nº 27.592, conocida como Ley Yolanda, que establece la capacitación obligatoria en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y especial énfasis en cambio climático, para quienes se desempeñan en la función pública. En este marco, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) adhirió a la iniciativa y promovió el desarrollo de una propuesta específica para el sistema universitario argentino, articulada con la Red UAGAIS.

Una construcción colectiva: antecedentes y trayectoria

Esta instancia de despliegue territorial es el resultado de un proceso sostenido de articulación interinstitucional que comenzó tras la sanción de la Ley Nº 27.592 (Ley Yolanda) en diciembre de 2020, norma que fijó la obligatoriedad de la formación ambiental integral con perspectiva de desarrollo sostenible y cambio climático para quienes ejercen funciones públicas.

1. Desarrollo y articulación (2021–2023): Con el impulso del CIN y la articulación técnica de la Red UAGAIS, se elaboró una propuesta de capacitación para las universidades argentinas que obtuvo la acreditación de la autoridad ambiental nacional mediante la Resolución PV-2023-138245111-APN-DNEAYPC#MAD.

2. Alianza estratégica y prueba piloto (2024–2025): En 2024, la formalización de la alianza de trabajo entre el CIN, la Red UAGAIS y MetaRed S Argentina permitió llevar adelante una convocatoria federal con la participación de 131 docentes y especialistas de diferentes universidades y organismos científico-tecnológicos. El trabajo dio forma a una propuesta de ocho módulos específicos:

• Módulo 1: Ambiente y Sostenibilidad
  
• Módulo 2: Cambio Climático
  
• Módulo 3: Normativas Vigentes
• Módulo 4: Estrategia Nacional de Sustentabilidad en las Universidades Argentinas (ENSUA)
  
• Módulo 5: Experiencias de Gestión Ambiental en Universidades
  
• Módulo 6: Experiencias de Educación Ambiental en Universidades
  
• Módulo 7: Cálculo y Gestión de la Huella de Carbono en Universidades
  
• Módulo 8: Sustentabilidad en Infraestructura Universitaria

Como hito clave de esta articulación, en septiembre de 2025 se desarrolló la primera cohorte federal, destinada específicamente a autoridades superiores del sistema universitario, en la que participaron 60 rectoras, rectores, vicerrectoras y vicerrectores.